Por Rafael Elía
“Cañito de metal, de acero al cromo niquel,
todo una oportunidad” (Nadie es perfecto. C. Solari)
PRINCIPIO
El
29 de julio de 2011, lo detuvieron a Pedro, en un predio municipal abandonado
del conurbano.
Estaba
junto a su hijo Manuel, de doce años de edad.
Se
lo acusa de haber intentado sustraer un caño de plomo de la única oficina del
lugar (dos metros por tres) mediante el empleo de una maza.
DESARROLLO
Ese
día, el médico de policía informó que se encontraba "psíquicamente normal".
Una
oficial fue a la casa y constató que tenía 33 años, que era changarín,
que entre él y su mujer juntaban 1200 pesos. Cinco hijos, entre 11 y 4 meses.
Que vivía sobre el segundo río mas contaminado de Latinoamérica, en un terreno
de 20 mts, en el que había 2 dormitorios y una cocina. El baño era externo, el
techo es de chapas, y el piso de maderas.
Que
el barrio era carenciado, de calles de tierra, el moblaje no se adecuaba a las
necesidades mínimas del núcleo familiar, y todo se encontraba en malas
condiciones de conservación e higiene.
De
la inspección de "visu", surgió que lo sustraído es un caño de plomo de sesenta
centímetros de longitud, de una pulgada y media, con deformaciones por golpes
contundentes. Que la oficina de 2x3 estaba completamente abandonada y ya había
sido objeto de maniobras similares
El
sargento destacado a la investigación, ratificó al día siguiente que no había
testigos de lo sucedido.
El
fiscal recibió las actuaciones el día siguiente y le imputó el delito de robo
en grado de tentativa. Le tomó declaración a tenor del art. 308 del CPP.
El
30 de julio de 2011 recuperó su libertad.
El
15 de agosto de 2011 se requirió el juicio del imputado.
El
29 de agosto de 2011 y 1 de septiembre de 2011, las partes propusieron pruebas (el
fiscal pidió la declaración testimonial de los dos policías, y la de la cónyuge
del imputado mayor y madre del imputado menor).
El
14 de septiembre de 2011, se acordó que era viable la suspensión de juicio a
prueba.
El
4 de octubre de 2011 hubo audiencia de visu. Contó Pedro que ofrecía 50 pesos,
que tenía seis hijos, y que había conseguido unas changas por las que juntaba 1300
pesos mensuales para él y todo el grupo familiar.
Ese
día se le concedió la suspensión de juicio a prueba por un año y seis meses
(el juez valoró que por la gravedad del hecho, debía ser seis meses más que el
mínimo).
Se
intentó anoticiar a la víctima de la reparación ofrecida. El 15 de diciembre de
2011, el oficial de policía informó que el predio estaba completamente abandonado y no
se observaba actividad alguna.
El
10 de septiembre de 2013 se citó a Pedro para que indique por qué no concurrió
al Patronato de Liberados.
El
22 de noviembre de 2013, la comisaría informó que habían concurrido en varias
oportunidades al domicilio y no lo encontraron. No hay firmas, ni testigos de
la notificación.
El
12 de diciembre de 2013, el fiscal pidió que se revoque la suspensión del juicio y se
declare la rebeldía.
El
27 de febrero de 2014 se lo declaro rebelde. Y se ordenó su captura.
¿FIN?
Intervinieron,
o al menos surgen sus firmas, en las 140 "fojas" que integran el expediente en
estos tres años: quince policías, cinco fiscales, cuatro jueces, cuatro
defensores oficiales, y veinticinco empleados administrativos.
El kilo de plomo vale 20 pesos, según M. Libre, tres años después, inflación mediante.
El
cálculo del gasto que demandó este tema, solo de horas hombre, ¿a cuantos caños
equivaldría?
El
predio sigue abandonado.
Pedro
y su familia no están en su domicilio, todo pareciera indicar que se debe a
alguna falla administrativa en la citación o algo similar (también hay serias
sospechas de que el resultado de la citación, no es del todo real).
Nada
hace suponer que alguno de estos funcionarios se hubiera ocupado, en estos tres
años, de la situación de precaria pobreza del grupo familiar o las condiciones
laborales del jefe de la familia.
Tampoco
de los motivos por los cuales un predio grande destinado al uso deportivo
municipal se encuentra abandonado.
El
expediente aún continúa en trámite.
